No me refiero a la laboral, que ya estaba más que descontada (y que, con sus matices, era esperaba), sino a la que ahora se asocia al cobro por parte de quienes han prestado sus servicios a las administraciones públicas. Esta última reconozco que me ha sorprendido en alguno de sus perfiles.
El prestigioso profesor de Harvard John Kotter defiende en una de sus últimas obras que para provocar el cambio es preciso generar y mantener un sentido de urgencia. Él lo explica y aplica a las organizaciones empresariales, pero claramente cabe extenderlo a países como el nuestro. Que en España hemos llegado a una situación de emergencia nacional es evidente. Aparte de decirlo las estadísticas y sentirlo cada día en la vida cotidiana, ahora nos lo recuerdan reiteradamente. Hemos pasado de la negación, la minimización, el carácter externo y pasajero de la crisis, a un escenario en el que aún no hemos tocado fondo y nos preparan para tiempos de más apreturas. Aparte de ser más sensato que lo anterior, esto último genera el caldo de cultivo necesario para llevar a cabo ciertas reformas que están en la mente de todos.
La asfixia financiera de nuestras empresas, sobre todo pymes y microempresas, es uno de los problemas más graves, seguramente el que más necesita de actuaciones inmediatas que la palien y puedan ayudar a salvar puestos de trabajo. Ahí está la reforma del sistema financiero, con efectos más diferidos en el tiempo, y la decisión más a corto plazo de inyectar liquidez a través del pago de las deudas que los ayuntamientos (más adelante veremos qué pasa con las comunidades autónomas) mantienen con sus proveedores a cierre del ejercicio pasado. De esta última me llaman la atención varios aspectos, pero sobre todo uno: que se proponga una quita “voluntaria” para cobrar antes; o nos haces una rebaja o a esperar hasta no se sabe cuándo (pese a que hay una ley que marca unos plazos para pagar), viene a decirle el gobierno a las empresas acreedoras de las administraciones públicas. No es difícil anticipar que son tales las urgencias de tesorería que serán pocas las empresas que no opten por esta vía como mal menor.
Una primera lectura de esta medida adoptada por el gobierno central es positiva: aliviará tensiones a muchas empresas. Pero por otro lado lo que supone es la institucionalización del riesgo de impago, aunque sea parcial. A partir de ahora cabe entender que en cualquier momento puede repetirse esta operación a la griega: no parece serio (ni aún imaginando que sea una nueva llamada a contribuir solidariamente a tapar los agujeros de la crisis, de manera análoga a la que se ha hecho con otros colectivos) que las empresas deban asumir una quita como si la entidad deudora (en no pocos casos encabezada por gestores irresponsables, al gastar a sabiendas lo que no tenían) estuviera en un procedimiento concursal encubierto. Tampoco es equiparable al usual descuento comercial o factoring al que acuden las empresas.
Ya sabemos que las empresas cuando presupuestan a entes públicos hacen sus cuentas teniendo en consideración los retrasos en los cobros y los costes asociados a que obliga esta indeseable práctica; cierto es también que muchas empresas en esta crítica tesitura se han visto obligadas a aceptar descuentos elevados para hacer líquidos sus derechos de cobro. Pero de ahí a que el Estado venga a proponer algo así es un detalle que no debe pasar desapercibido. A partir de ahora las empresas no podrán pasar por alto un concepto en su escandallo: la prima por impago parcial (la quita sobrevenida) de las administraciones públicas, que han de dejar de ser parte del problema para convertirse en parte de la solución.
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Publicado en Huelva Información, 1-3-12, p. 6.
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